Venezuela rechaza sanciones de EE.UU. a vicepresidenta de Nicaragua

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El Gobierno de Nicaragua pudo haber evitado las sanciones de EE.UU. contra la vicepresidenta, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional del presidente, Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, por actos de "represión".

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Nicaragua amenazan con acentuar la crisis que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega si no busca una salida negociada del conflicto que estalló tras las protestas de abril, advirtieron ayer analistas y opositores.

En una declaración conjunta, el Cosep, AmCham y Funides hicieron esa exhortación "ante la continuidad y recrudecimiento de la crisis política, social y económica que atraviesa el país".

EE.UU.ve a Murillo como la "copresidenta de facto" de Nicaragua, destaca su "influencia" en grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de estar involucrada en prácticas de corrupción.

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Knappier llamó a la esteticista , quien a su vez le dijo que tenía que tomar un antihistamínico e ir a la guardia cuando antes. Tres días después tuvo que someterse a un tratamiento muy doloroso, el cual le llevó 3 meses para recuperarse por completo.

Las sanciones, impuestas el martes por orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier "propiedad o intereses en propiedades" de Murillo y Moncada.

A raíz de ello, cualquier propiedad de los designados por la OFAC, dentro o en tránsito de la jurisdicción de Estados Unidos, o bajo la posesión o control de un nacional estadounidense, debe ser bloqueada e informada, indicó el Departamento del Tesoro del país norteño.

Además, condenaron las acciones de intimidación policial contra los periodistas Miguel Mora, Verónica Chávez, Carlos Salinas, Álvaro Montalván y otros, y de manera particular "el ultraje y ensañamiento judicial" que se dio contra Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa y puesto en libertad este viernes.

Las agrupaciones empresariales también denuncian "el hostigamiento policial a miembros y familiares de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de organizaciones de la sociedad civil, así como la captura y enjuiciamiento ilegal de dirigentes campesinos y universitarios, la detención y expulsión arbitraria de Ana Quirós, y la cancelación de la personería jurídica y confiscación de bienes y congelamiento de cuentas del organismo CISAS, todo lo cual profundiza la inseguridad ciudadana y jurídica".

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